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Riesgo por dobles pagos de cesantías y prestaciones laborales en Rama Judicial

2017-09-22

Contraloría General de la Nación señaló que podrían presentarse riesgos en el manejo de los recursos de la entidad. Detectaron insuficiencias en la infraestructura tecnológica de la Rama Judicial. 

La Contraloría General de la República estableció la existencia de posibles dobles pagos por unos $1.046 millones de pesos a los fondos de cesantías desde el Consejo Superior de la Judicatura, entre los periodos 2012 y 2015. De acuerdo con el ente de control se evidenció que se han girado sumas globales a los fondos de cesantías sin que esta entidad tenga la certeza de los montos individuales correspondientes a los beneficiarios, generando el riesgo de pagos en exceso.

Estos hallazgos se dieron gracias a una auditoría que se adelantó durante el 2016, en la que además, según información de la entidad, se detectaron deficiencias en el recobro de incapacidades por parte de la entidad. “Si bien se evidencia gestión de cobro en algunas Direcciones Seccionales, en otras tales como Quindío se encuentran saldos hasta de $431 millones sin respuesta positiva por parte de las EPS”, subrayó la entidad.

Por estas debilidades detectadas (gestión de liquidación y pago de procesos tales como cesantías, novedades y recobro de incapacidades) el Contralor General de la República ordenó la realización de una auditoría de cumplimiento a los procesos de administración de personal a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, la cual se adelantará a lo largo del segundo semestre de 2017.

Otro de los hallazgos de la auditoría señala que tampoco existe soporte humano y tecnológico rousto que permita efectuar un adecuado control de los pagos generados por los movimiento en la nómina de la Rama.

La auditoría, que terminó en junio, también evidenció que hay pocos avances en la implementación de la función de cobro coactivo para la cual se contaba con solo cuatro profesionales encargados de 2.854 procesos. “Los mínimos avances detectados en los procesos de recaudo afectan negativamente los ingresos entregados por la Ley 1743 de 2014 en favor de la modernización de la Rama”, señaló la entidad.

Que no se le diera prioridad a la obtención de recursos derivados del cobro de multas a favor en diferentes procesos, señala la entidad, genera un círculo vicioso que impide la modernización de la Rama Judicial, que se “podría reflejar en más personal que atienda el déficit en las diferentes áreas, mejor remunerados y con herramientas tecnológicas que mitiguen en debida forma el riesgo jurídico a que se ve expuesta la entidad”.

Además, según la auditoría, se encontró que el Consejo Superior de la Judicatura no ha implementado acciones que le permitan incrementar sus índices de ejecución de recursos de inversión, “situación que impidió el fenecimiento de su cuenta fiscal para el año 2015”.

Esta falta de capacidad para ejecutar los recursos, señaló la entidad, afectó de manera directa la puesta en marcha de proyectos de inversión, en términos de “infraestructura e informática, que demandaban el 75% de los recursos de la vigencia evaluada y por ende, hacen que las metas de descongestión judicial continúen incumpliéndose”.

Redacción Huella Forense

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