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Procuraduría señala irregularidades en convenio de ciencia y tecnología de Superindustria

2017-05-19

Al parecer, de acuerdo a la investigación, la celebración del contrato se realizó de forma directa argumentando recursos destinados a ciencia y tecnología. Sin embargo, el contrato se hizo para cubrir temas de  logística y eventos.  

Las presuntas irregularidades se detectaron en la celebración del Convenio Especial de Cooperación para el fomento de la ciencia y tecnología de agosto del 2011. Por ello, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Ligia Stella Rodríguez Hernández, secretaria general de la Superintendencia de Industria y Comercio, y José Luis Londoño Fernández, superintendente delegado para la Propiedad Industrial. 

De acuerdo con el Ministerio Público, Rodríguez al parecer incurrió en una falta disciplinaria al suscribir el Convenio, “evadiendo presuntamente los principios de transparencia y responsabilidad que rigen la actividad contractual de las entidades públicas, y omitiendo posiblemente el ejercicio de sus funciones como ordenadora del gasto, al celebrar por contratación directa la administración de los recursos y servicios administrativos que garantizaran la participación de la entidad en EXPOCIENCIA 2011”.

Por otro lado, a Londoño se le señala responsabilidad disciplinaria en la elaboración de los estudios previos del convenio, entre la SIC y la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC), pues al parecer “el diseño y análisis no se ajustaron a los propósitos y actividades previstos para los convenios de ciencia y tecnología señalados por la ley, permitiendo la adjudicación por contratación directa, aun cuando las pruebas señalan que el convenio requería un contrato de prestación de servicios y un trámite legal diferente”.

Según la Procuraduría, se ha podido establecer dentro de la investigación que lo que realmente se contrató fue la logística para garantizar la participación de la SIC en EXPOCIENCIA 2011 y la entrega del Premio Nacional del Interventor. Las cuales son “acciones administrativas y operativas diferentes a las actividades científicas y de transferencia tecnológica a las que se hizo alusión en el momento de la suscripción del convenio y por la cual se decidió adelantar una contratación directa”, subrayó la entidad.

Por esta razón, el ente de control calificó las faltas provisionalmente como “gravísimas cometidas a título de culpa gravísima”.

Redacción Huella Forense 

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