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Plazo para aplicar Siplaft establecido por Supervigilancia vence en marzo

2018-01-10

Dentro de los obligados están las empresas y cooperativas de vigilancia y seguridad privada, servicios especiales, servicios comunitarios, servicios con armas, escuelas de capacitación y entrenamiento, entre otras.

Se trata de la Circular externa n.° 465 (Siplaft) que fue publicada el pasado 2 de noviembre del 2017. De acuerdo a Supervigilancia esta es una circular complementaria a la Circular Externa 008 del 01 de marzo de 2011 (Sarlaft) de SuperVigilancia y tiene como finalidad el ejercer el control al riesgo de Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT) “sobre las operaciones realizadas por los servicios de vigilancia y seguridad privada”.

En la 465 se reúnen cuatro criterios los cuales las entidades vigiladas deben acoger para la puesta en marcha de sus mecanismos. El primero habla sobre el vincular de forma gradual y progresiva la implementación y cumplimiento del Siplaft que permita la “prevención, detección y control de recursos ilícitos empleados en operaciones de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”.  

El segundo señala el fortalecimiento de los controles y reportes que deben enviar los vigilados. Tercero apunta al adaptar las normas regulatorias a los estándares internacionales “proferidos en las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI y especialmente, a la legislación proferida por el Gobierno Nacional en la Ley 1121 de 2006 y en la ley 1778 de 2016”.

Y, por último, explica que la circular acoge la segunda recomendación del GAFI, que se refiere al “desarrollo e implementación de políticas y actividades para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

Los vigilados, que nombraremos a continuación, están obligados a implementar el Siplaft en un plazo de cuatro meses tras la fecha de publicación de dicha Circular, periodo que se cumpliría el próximo 2 de marzo del 2018. Estos son:

  • Las empresas y cooperativas de vigilancia y seguridad privada.
  • Servicios especiales.
  • Servicios comunitarios.
  • Servicios con armas.
  • Servicios sin armas.
  • Escuelas de capacitación y entrenamiento.
  • Departamentos de seguridad.
  • Servicios de asesoría.
  • Consultoría e investigación de seguridad.
  • Empresas dedicadas a la fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para la vigilancia y la seguridad privada.

Los vigilados deberán, según la circular, adoptar y poner en práctica las metodologías y procedimientos propios de un Sistema Integral en la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Siplaft), los cuales están estipulados en el mismo documento.

Además, para darle cumplimiento deberán realizar un cronograma “para la implementación y ajuste a las instrucciones adoptadas mediante la Circular dentro de la fecha establecida, en el cual se detalle, por lo menos, los plazos y responsables de cada una de las tareas establecidas en el mismo”.

Según el documento de incumplir con el Siplaft, los obligados por la Circular estarán sujetos a las sanciones previstas en el Artículo 76° del Decreto Ley 356 de 1994, dentro de las que señala: amonestación y plazo perentorio para corregir las irregularidades, multas sucesivas de 5 hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, suspensión de la licencia de funcionamiento o credencial hasta por seis meses y cancelación de la licencia de funcionamiento del vigilado, sus sucursales o agencias, o de las credenciales respectivas. 

De acuerdo con el documento, el Sarlaft sigue estando vigente por completo para las empresas Transportadoras de Valores y blindadoras.

Redacción Huella Forense 

 

 

 

 

 

 

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