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Riesgo por corrupción en entidades públicas se mantiene

2017-04-28

Transparencia por Colombia hizo público el Índice de Transparencia de las Entidades Públicas (ITEP) 2015-2016, y el panorama no es del todo alentador tras 15 años de esta medición. Los gerentes y directores de las entidades están en deuda y deben tomar acciones contundentes dentro de las instituciones.  

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Fueron 167 entidades evaluadas en el índice de Transparencia de las Entidades Públicas (ITEP), vigencia enero 2015- abril 2016, que realiza la Corporación Transparencia por Colombia, una iniciativa de la sociedad civil que busca mejorar los estándares de transparencia y fortalecer los procesos y procedimientos de las instituciones; en pocas palabras generar un control social.

Gerardo Andrés Hernández, director ejecutivo de la Corporación, explicó que hoy en día “los corruptos y el crimen organizado encuentran en la administración pública un escenario de oportunidad para no solo capitalizar recursos económicos, sino para controlar el territorio y sus poblaciones. De esta manera la corrupción se expresa a través de la captura del Estado, donde controlar el sistema político y los procesos claves de la gestión administrativa, tales como la contratación pública y el empleo público entre otros, garantizan la manipulación de políticas públicas y provisión de bienes y servicios públicos”. Razón por la cual el control social sobre los procesos administrativos es una contribución a la lucha contra la corrupción. 

Si bien, Transparencia por Colombia señaló que en lo formal el país avanza gracias a la expedición de leyes modernas, las cuales cumplen “un papel clave en la transformación de la cultura”, si no cambian las prácticas políticas y administrativas, “las normas no serán más que otro vehículo para la frustración e incluso para la desinstitucionalización. Lograr un mejor Estado, que sea capaz de garantizar desarrollo en condiciones de integridad, obliga a la acción de gobernantes, servidores públicos y ciudadanos”.

En esta oportunidad fueron evaluadas entidades de orden nacional (75), departamental (32 gobernaciones y 32 Contralorías) y municipal y capital (28). En el índice, que es entregado al país y las entidades públicas, se identifican los riesgos de corrupción que ponen en peligro la gestión administrativa. El índice, valga la pena aclarar, no identifica hechos de corrupción ni presencia de crimen organizado.

De acuerdo con Marcela Restrepo Hung, directora producción de conocimiento y asesoría de Transparencia por Colombia, en esta medición se buscaron tres grandes riesgos: monopolio del poder, ausencia de transparencia y exceso de discrecionalidad. En primera instancia, señaló que se verificó la opacidad del proceso de gestión, en donde “entre más secreto y menos acceso a la información haya, entre menos oportunidad de información, mayor es el riesgo de corrupción”, dijo. 

Como segundo punto, se evaluó el uso excesivo de la facultad de cualquier gerente o gobernante de la discrecionalidad. Sobre lo que Restrepo señaló que “si hay procesos y procedimientos débiles en una entidad la oportunidad para el ejercicio de la discrecionalidad sin controles es total. Identificamos el exceso de discrecionalidad por la ausencia de diseños administrativos”. Y tercero, se observó la existencia y el funcionamiento de los sistemas de control, internos y externos. 

Restrepo por ello asegura que cuando un aparato administrativo obtiene estos tres riesgos de corrupción -alto nivel de opacidad, excesivo uso de la discrecionalidad y no tener un sistema ni de autorregulación ni de controles internos-  le está despejando el camino a la corrupción.

“La corrupción no es un tema simbólico o político es real, es un fenómeno que afecta el proceso de gestión y los corruptos han encontrado en la gestión administrativa una oportunidad para la captura de rentas y si la contratación pública es capturada, pueden lograr el control de la administración pública, que a su vez permite controlar el territorio, la administración y la política. La corrupción en la administración pública es una gran oportunidad para la captura del Estado”, recordó. 

De este ejercicio de medición, cuenta Restrepo, se observaron además tres puntos fundamentales en las entidades públicas: que cumplan la ley, práctica de la gestión y los arreglos o condiciones institucionales, aspectos que están ligados a la actitud de la alta gerencia, la voluntad política de generar cambios. “De esta forma vemos si hay una actitud, no solo artificial y comprometida y responsable con el estado social de derecho, con el cumplimiento de la lucha contra la corrupción”, resaltó Restrepo. 

Lo que preocupa sobre las entidades y las debería poner en alerta

Según los resultados del ITEP, que esta vez contó con el apoyo de la Unión Europea, la gestión pública en el país sigue en riesgo de corrupción a pesar de los esfuerzos que han registrado algunas entidades evaluadas, y el trabajo adelantado por estas no es suficiente, a pesar de los avances e innovaciones normativas e institucionales, “para remover las prácticas clientelistas y abusivas de los procesos de la gestión pública”.

El panorama sigue siendo preocupante dentro de las entidades públicas, cuando de acuerdo al ITEP, la gran mayoría de estas fue clasificada en la categoría de riesgo alto y muy alto de corrupción -ninguna logró entrar al nivel bajo de corrupción-, en donde se tiene al 60 por ciento de las 28 alcaldías evaluadas, 50 por ciento de las 32 Contralorías Departamentales, 40 por ciento de las Gobernaciones y 19 por ciento de las entidades nacionales. 

Por otro lado, se señaló que las calificaciones más aceptables están clasificadas dentro del riesgo moderado en donde se sitúa el 27 por ciento de las entidades nacionales, 22 por ciento de las gobernaciones y solo el 11 por ciento de las 28 alcaldías evaluadas.

Las alertas generales 

En general, de acuerdo con la Corporación, es importante tener bajo el radar algunas de las alertas que podrían afectar la gestión pública.  Por ejemplo, en términos de contratación pública subrayan que es necesario mejorar la publicidad de los procesos, y que existe una deuda frente a las garantías para la competencia y el cumplimiento de la supervisión. Esto, toda vez que la contratación directa representa 74 por ciento en el nivel nacional, 59 por ciento para el departamental y 41 por ciento para el municipal. En los territorios “más del 50 por ciento de las licitaciones cuentan con un solo proponente, 59 por ciento en los  departamentos y 53 por ciento en las alcaldías. En el nivel nacional el 91 por ciento de las licitaciones lograron 3 o más proponentes”, se señala en el informe.

Como segunda alerta, se refieren al empleo público, el cual sigue un proceso lento de modernización. A pesar de que hay muestras del avance en general, los principales problemas del empleo público “se concentran en pobres estrategias de gestión institucional, la persistencia de brechas exageradas salariales y el crecimiento del número de contratistas. El cual pareciera un tema inamovible en los contextos de clientelismo, pero por la misma razón es el punto de la gestión que más voluntad política requiere para ser reformado”. 

Frente a las medidas y políticas anticorrupción, subrayan que se presentan avances solo en lo formal. Agregan que el diseño y adopción de medidas anticorrupción en los procesos de gestión apenas logran cumplir con el Estatuto Anticorrupción. Y a pesar de que las entidades formulan el plan anticorrupción, “los mecanismos para ponerlos en marcha, hacerles seguimiento y financiarlos poco se observan. Son pocas las entidades que desarrollan instrumentos básicos para la prevención, que son el establecimiento de políticas claras de conflicto de interés y el funcionamiento adecuado y ágil de canales de denuncias. En la evaluación las calificaciones muestran que el promedio general estos temas están por debajo de 40 puntos”, dio a conocer la Corporación.

Por último, resaltaron la importancia de un mayor compromiso para promover el diálogo, la participación y la incidencia ciudadana. De acuerdo con Transparencia por Colombia, los indicadores relacionados con la rendición de cuentas y control social se encuentran por debajo de 60 puntos, y el que califica la atención al ciudadano se encuentra por debajo de los 70. En el nivel territorial la atención al ciudadano y la rendición de cuentas no pasa de 50 puntos, y la promoción del control social no llega a los 70 puntos. 

Retos que se deben empezar a enfrentar definitivamente

Durante la presentación del Índice, Tito Contreras, delegado de la Unión Europea (UE), se pronunció sobre los resultados de esta medición señalando que si bien ha habido un esfuerzo por parte de las entidades en mejorar, para otros este será un llamado a tomar medidas contundentes “para estar a la altura de una gestión que hoy más que nunca requiere cubrirse de legitimidad para afrontar el desafío de la paz en los territorios”. 

A lo que agregó que desde la Unión Europea se cree que la paz estable y duradera depende en gran medida de la superación de retos y riesgos que permean la realidad institucional en Colombia, asociados a la transparencia y a la lucha contra la corrupción. 

“La consagración de la paz depende de una legitimidad basada en la confianza. El estado de los territorios pasa necesariamente por sostener un claro mensaje de transparencia e integridad”, manifestó Contreras. 

El delegado de la UE agregó que la corrupción y el fraude perjudican gravemente la economía y a la sociedad, y que en muchos países padecen una corrupción profundamente arraigada que frena su desarrollo económico, debilita la democracia y va en detrimento de la justicia social y el estado de derecho.

Así mismo, destacó que los desafíos siguen siendo enormes sobre todo los relacionados a la voluntad política, al disminuir el abismo entre las leyes y la práctica, en la educación a largo plazo que logren transformar la cultura y el entendimiento de lo público y los recursos públicos. “Es la única manera que en el largo plazo se puede garantizar una transformación cualitativa, efectiva”, señaló. 

Karen Hussman, asesora del proyecto ACTUE de Fiiapp, por su parte agregó que existe la necesidad de trabajar contra la corrupción como un tema de fondo pues es de gran importancia el empezar a generar cambios estructurales de largo aliento. 

Agregó que, aunque es un tema de ‘moda’, hay grandes oportunidades e insistió en que es el momento para revisar cuáles son esos cambios estructurales que se deben realizar y cómo se pueden empezar a generar consensos a través de las corrientes políticas institucionales y sociales. 
Por lo que destacó que Transparencia por Colombia ha realizado una labor muy importante al empujar medidas de cambio y generar propuestas concretas al respecto. También recordó que la corrupción en Colombia, como en muchos países de América Latina, es estructural, sistémica y profundamente arraigada, y que adicionalmente tienen un vínculo muy fuerte y visible entre la política, la financiación de la política y la contratación pública. 

Lo que lleva a pensar que “para combatir la corrupción hay que revisar cómo se llega al poder, cómo se ejerce y cómo se ejecutan los recursos públicos”, dijo.  Husman, agrega que los escándalos recientes están mostrando las nuevas caras de la corrupción, que han revelado dos agentes:  políticos y económicos, los cuales “están aprovechando y abusando de las estructuras del estado para sacar provecho… la corrupción no tiene ideologías, y en la manera en la que se da afecta o se muestra que está presente en los gobiernos de todos los colores políticos y en todos los niveles”, dijo. 

Por ello,  Hussman quiso presentar algunas ideas clave para abordar la corrupción. La primera está relacionada con el romper el círculo vicioso entre la política, la financiación de la política y la contratación. El segundo punto clave es el entender que no es suficiente tener leyes e instituciones y que se debe buscar la manera de afectar a las prácticas, conductas y generar cambios en los actores del sistema y ciudadanos.

“Estamos frente al desafío de cómo movilizar a los actores y agentes para generar una especie de contrato social y en cierta medida para que se pase de la indignación hacia la acción, participar y hacer parte de la solución”, sentenció Hussman. Subraya que los índices son una herramienta muy importante porque proveen una foto periódica sobre el cómo estamos a nivel institucional para hacer frente a este gran problema. 

“El desafío está en cómo lograr que las herramientas, normas, leyes, metodologías que tienen el Estado se transformen de lo formal hacia herramientas de gestión, para generar un cambio en las culturas organizacionales, en la conducta de las personas, de los funcionarios públicos y de los actores que interactúan con los funcionarios públicos”, dijo Hussman. 

De la misma forma, mostró preocupación sobre los resultados relacionados con las instituciones de la justicia que de acuerdo a los índices “no están a la altura para luchar contra la impunidad y la corrupción ni para enfrentar los problemas que tienen las entidades internamente”. 

Para finalizar, invitó a revisar este índice como una oportunidad para que, desde la cooperación, se revise de una manera inteligente y estratégicamente, de qué forma se pueden apoyar los esfuerzos sectoriales y territoriales para integrar la perspectiva de trasparencia, construcción de integridad, cambio cultural y apoyar programas de fortalecimiento institucional. 

Como conclusión Marcela Restrepo Hung,de Transparencia por Colombia, recordó que los grandes cambios para lograr hacerle frente a esta problemática están en manos de los líderes de las entidades, de los gerentes y gestores de los proyectos, de la voluntad política que exista para generar transformaciones verdaderas al interior de las entidades. 

“No es fácil identificar la corrupción, no es fácil promover mejores prácticas y se logra por medio de instrumentos y de la voluntad de las entidades y personas… herramientas como estas son claves, pues son instrumentos que permiten apalancar y generar movimientos”, dijo Restrepo. 

 

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