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Perseguir las ganancias del crimen organizado, el reto en Colombia

2017-07-19

Empezar a cambiar el chip frente a la forma en la que se perguise a los criminales y lograr atacar las ganancias del crimen organizado para debilitarlo es hoy el nuevo reto al que se enfrentan las autoridades en el país. 

Una de las principales premisas que varios expertos pusieron sobre la mesa, durante la celebración de los 25 años de gestión de la Fiscalía General de la Nación, indica que es necesario dejar de pensar que el sancionar penalmente a los responsables del delito es el único camino para acabar con las organizaciones criminales. Por ello subrayaron que hoy más que nunca se hace imprescindible el empezar a perseguir y recuperar los activos ilícitamente obtenidos,  un camino que debe ser el nuevo mapa a seguir. 

 Álvaro Osorio Chacón, director de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas, y quien dirigió el panel de discusión sobre este tema, señaló que el enfoque que lleva a buscar solo la sanción penal para los delincuentes es sin duda equivocado, aunque la visión se esté transformado.  

Hoy, dice Osorio, se impone es una persecución integral “con un esfuerzo superlativo en la persecución patrimonial. Entendiendo además que, por tratarse de un fenómeno criminal que ordinariamente es trasnacional, es un esfuerzo debe hacerse tanto a nivel interno como en el extranjero aplicando para este efecto las distintas herramientas de cooperación judicial internacional previstas en convenios multilaterales y en acuerdos entre estados”, recordó. 

Osorio también subrayó que en la actualidad precisamente el ‘Follow de money’, perseguir el dinero, es una expresión que debe guiar la acción de las autoridades en la lucha contra la criminalidad organizada cuyo principal incentivo es económico.

“Nuestro país se encuentra en una coyuntura compleja que plantea grandes desafíos en esta materia: el posconflicto, los cultivos ilícitos, que han aumentado exponencialmente; la minería criminal que se ha expandido en el país, y la persistencia de la extorsión como una fuente importante de recursos de las organizaciones criminales. El ELN y las organizaciones criminales tipo A, principalmente el 'clan del golfo', ‘los pelusos’ y ‘los puntilleros’, vienen ocupando, en distintas zonas del país, los territorios abandonados por las Farc luego de la firma del acuerdo.  En este entorno los riesgos para la seguridad pública son muy grandes y los desafíos enormes para las autoridades; nos enfrentamos a un nuevo ciclo de la criminalidad con características aún no definidas claramente”, dijo. 

A lo que Osorio agregó que estos grupos armados ilegales manejan amplios y diversificados portafolios económicos que les permiten no solo expandirse territorialmente sino ampliar su fuerza corruptora para alcanzar importantes espacios de poder político, un fenómeno que se ha denominado por los expertos captura del Estado.  

Según explicó Osorio hoy en día las mafias del narcotráfico ya no tienen estructuras jerarquizadas y visibles como los carteles de antaño, señalando que son más difusas y menos fáciles de perseguir. Razón por la cual la Fiscalía General de la Nación se viene preparando para enfrentar estos desafíos y recordó que “la reestructuración de la entidad apunta al fortalecer la persecución de la criminalidad organizada en sus distintas manifestaciones. Para lo que creó una delegada contra la organización criminal y otra contra las finanzas del crimen organizado en la que confluirán los esfuerzos de las direcciones de extinción de dominio, lavado de activos y la policía judicial especializada en investigaciones económicas y financieras. Todo ello en un trabajo articulado y mancomunado de carácter interinstitucional”. 

Durante el panel en el que se abordó esta problemática, el cual fue dirigido por Osorio, líderes como Bo Mathiassen, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia (Unodc) y Juan Francisco Espinosa Palacios, director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), se pronunciaron y presentaron un balance de cómo estas organizaciones criminales están operando hoy en día, e incluso señalaron los puntos que se deben tener en cuenta para realizar cambios trascendentales frente a la forma en la que se aborda la lucha contra estas estructuras delincuenciales. 

A continuación, le compartiremos la visión de estos expertos en el tema. 

 

“Tenemos el enfoque equivocado. Debemos perseguir el dinero que el crimen tiene”, Bo Mathiassen
 

La venta de productos ilegales, señaló el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia (Unodc), hoy es una de las formas de la que las organizaciones criminales trasnacionales más se benefician.

“Vivimos en un mundo globalizado donde los movimientos de los bienes y de los recursos financieros son cada vez más fáciles. Estos negocios y mercados ilegales generan miles de billones al año”, señaló. 

Este fenómeno está creciendo de una forma vertiginosa, resaltó Mathiassen, y se evidencia en la circulación de medicamentos fraudulentos, por los que, en lugares como Asia sur oriental y África, se obtiene una suma que asciende a los 5 billones de dólares anuales.  

“Una cantidad de dinero que se vierte a la economía ilícita.  La Organización Mundial de la Salud ha calculado que es posible que un 10 por ciento de los medicamentos que se venden a nivel global en los países desarrollados puede ser también fraudulento; cifra que se extiende en varios países en desarrollo. Mientras en algunas zonas como Asia, África y América Latina la cantidad de los productos fraudulentos farmacéuticos asciende a un 70 por ciento. Las personas no saben qué están tomado, y eso ha sido un gran problema; por dar un ejemplo- un tercio de los medicamentos contra el paludismo empleados en Asia oriental y en África subsahariana son fraudulentos”, reveló Mathiassen. 

Se cree que la delincuencia organizada transnacional, de acuerdo con las Naciones Unidas, alcanzaban ganancias anuales de unos 2.7 trillones de dólares anuales en el 2010. 

“Es una cifra que es maso menos equivalente al 3.6 por ciento de todo lo que se produce en consumo en el planeta al año. Esto es clave para Latinoamérica en donde esta cifra representaría cuatro veces el PIB de Argentina o casi diez veces el PIB de Colombia”, señaló Mathiassen. 

Sin embargo, otras entidades consideran que esos valores no son tan grandes, como por ejemplo el Foro Económico Mundial en donde se piensa que si bien no se alcanza dicha cantidad de dinero se sigue hablando de un valor enorme de cerca de un trillón de dólares anuales. 

El alto funcionario recordó que se sabe que el narcotráfico mueve unos 300 billones de dólares, el mundo de las falsificaciones 250 billones de dólares, el tráfico humano unos 32 billones de dólares, “cifras que si se suman se disparan y alcanzan unos 650 billones de dólares”. 

Incluso que se estima que las cifras de los flujos de lavado de dinero en Colombia se han incrementado rápidamente entre 2013 y 2016. “Hay una economía de lavado de activos en Colombia que se asoma alrededor de los 3.3 billones de dólares. A través de la acción de extinción de dominio se puede ver que la Fiscalía General de la Nación logró afectar unos 850 billones de dólares en el 2013, y unos 1,2 billones en el 2015, cifras que luego ascendieron a unos 1,100 billones de dólares”. 

Mathiassen destaca que se puede apreciar un esfuerzo por parte de las autoridades nacionales en hacer la extinción de dominio a pesar de que las cifras de dinero por lavado en Colombia superan los activos afectados por ese medio, sin que se considere dentro del balance el dinero producido por la comisión de otros delitos.  

 Ante la descripción de este panorama, Mathiassen asegura que hay varios errores que se están cometiendo en la actualidad, el primero que señala es que “la comunidad global está fallando en parte porque la persecución judicial se enfoca en los objetos, los instrumentos, los medios materiales y las manifestaciones de los actos delictivos, en lugar de enfocarse en el dinero que el crimen tiene. Tenemos un enfoque equivocado”, dijo. 

Las organizaciones del crimen organizado trasnacional, agregó, son negocios que funcionan como empresas y están motivadas por las ganancias financieras; por lo que buscan oportunidades que ofrezcan altos rendimientos y bajos riesgos y costos. 

“Es necesario que los esfuerzos de la persecución patrimonial no se concentren solo en el territorio nacional, sino que excedan las fronteras nacionales y que se saque provecho a los mecanismos formales e informales de cooperación internacional que puedan facilitar la cooperación”, agregó. 

Señaló incluso que los instrumentos, tanto nacionales como internacionales, para hacerle frente al crimen organizado ya existen y recalcó que deben empezar a ser utilizados aún más. Algunos  de esos mecanismos son: la Comisión de Viena de 1988 de la cual Colombia hace parte y lo ha ratificado mediante la ley 67 de 1993; la Convención de las Naciones Unidas  contra el Crimen Organizado Internacional, conocida como la convención de Palermo también respaldada en Colombia  por la Ley 800 del 2003;  la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del  Terrorismo, aquí respaldada por la ley 808 del año 2003; la Convención de las Naciones Unidas  contra la corrupción, conocida como la convención de Mérida, respaldada en Colombia a través de la Ley  970 del año 2005  y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera el GAFI. 

Apoyo de la Unodc a Colombia 

En Colombia, cuenta el alto funcionario, la Unodc ha desarrollado varios programas de negocios responsables y seguros para exactamente prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo y fomentar el control empresarial. 

Para hacerle frente al crimen organizado, de acuerdo con Mathiasen, y para avanzar en el tema en el país, durante los últimos siete años se han realizado capacitaciones a más de 26 mil representantes del sector público y privado, sociedad civil, y “se han hecho esfuerzos para mejorar el conocimiento y prevenir el lavado de activos. Hay un modelo de extinción de dominio que estamos promoviendo en toda Latinoamérica, desde el 2001”, reveló.

Para combatir este fenómeno Mathiassen agregó que se requiere de la creación de alianzas entre el gobierno, las autoridades judiciales, organizaciones internacionales, el sector privado, público, las empresas y las sociedades. Criticando de esta forma un poco el hecho de que las instituciones estatales no logren trabajar de forma coordinada para combatir este fenómeno.   

En ocasiones “se habla de los poderes del Estado, pero se debería hablar del orden del Estado, de un solo poder.  Un poder que trabaja de manera integral y de manera muy coordinada frente a este fenómeno, pero esto no es así en muchos países a nivel mundial.  Los poderes del Estado quieren asumir protagonismo y no cooperan entre ellos y eso genera dificultades para enfrentar el problema real que es el crimen organizado”, dijo. 

Recordó que es necesario insistir en el mejorar y trabajar en la cooperación internacional para la realización de investigaciones conjuntas, así como en el reforzamiento de los bienes objeto de decomiso o extinción de dominio.

Mathiassen también habló sobre un nuevo proyecto que la Unodc está trabajando junto al Banco Mundial que se llama The Stolen Asset Recovery Initiative (StAR). Se trata de un proyecto para facilitar la recuperación de los activos y la repatriación de los activos para el país de origen donde fueron robados o donde se generaron las ganancias. 

El alto funcionario también resaltó la importancia y necesidad que existe en la Fiscalía de conformar grupos élite especializados en investigación para ubicar y perseguir los activos ilícitos en el exterior a través de cooperación. Algo que señala es clave ya que “los países cada vez más invierten en estos grupos especializados, así como en la cooperación internacional, para lograr los resultados que queremos, y en motivar e incentivar modelos de investigación judicial con un enfoque estratégico táctico y operativo hacia la organización criminal en el contexto que involucre en forma paralela la persecución penal y patrimonial”, dijo. 

Narcotráfico, lavado de activos, minería ilegal y contrabanado bajo la lupa de la UIAF

El director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero  (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, por su parte habló sobre el trabajo que se ha venido realizando en la entidad, que ha dado como resultado la creación de un esquema de caracol que revisa las principales fuentes de ingreso del crimen organizado. Dentro de este esquema se precisan 11 puntos pero Espinosa explicó los cuatro principales.

Uno de ellos es el narcotráfico, sobre el que señaló que un estudio del Banco Mundial en el 2016, muestra que, entre los años 2001-2002, se ha generado que el indicador vaya a la baja. Una situación que tiene diversas explicaciones, entre esas la puesta en marcha de la herramienta de extinción de dominio, el plan Colombia, ente otros esfuerzos realizados. 

El segundo es el dinero producto del lavado de activos, sobre el cual resaltó que existe una tendencia decreciente del fenómeno la cual mostraría que “se han adoptado medidas y se ha venido realizando el trabajo”. Sin embargo, resalta que hay trabajo por hacer y está en las manos de las autoridades el lograr que la tendencia se mantenga a la baja. 

El tercer punto es la minería ilegal, un tema que subrayó es supremamente sensible porque se han encontrado datos que son absolutamente disímiles en las diversas cifras oficiales que se observan. En este punto existe lavado, comenta, porque “los señores nacionales nos están diciendo que exportaron un mundo de cosas que nadie a nivel internacional acepta haber recibido”. 

De acuerdo con Espinosa se trata de un fenómeno en el que posiblemente existe subfacturación, y que lleva a pensar que lo que se está declarando es mucho menor.  “Al final del día el hecho de que los datos del Ministerio, de la DIAN, estén muy por debajo lo que muestra es que nuestra realidad Estatal está absolutamente distorsionada de una realidad gravísima”, explicó. 

La minería ilegal, de acuerdo al Director de la UIAF, es una de las principales fuentes del crimen organizado actual y su efecto es devastador; esta trae consigo daños al medio ambiente, pobreza y provee de recursos (como la gasolina) a los grupos al margen de la ley.  

“¿Qué pasa con el Chocó? que se está llevando lo peor de todo porque está al servicio de esta industria, la gente se está empobreciendo aún más, la plata ni siquiera se está quedando en el departamento y toda esa zona se está afectando considerablemente… tal vez pasen cientos de años antes de que se logre recuperar lo que se pueda en materia ambiental”, dijo. 

Asegura que obviamente la minería extractiva también tiene cliente internacional, existe contrabando en este aspecto.  “Nuestra demanda nacional es reducida de cara a lo que se revisa en el ámbito nacional, es trabajo al exterior con producción nacional, ahí hay una invitación desde ya y es empezar a mirar las cosas en contravía”, dijo. 

A lo que señala, así como Mathiassen, que se debe mirar quien es el verdadero demandante del bien a nivel internacional y a partir de allí establecer la cadena de mando, quién es el que está vendiendo, si este está declarando y de dónde se está sacando el producto.  

“No es suficiente que nos dediquemos a perseguir barequeros o la industria extractiva artesanal porque son miles de personas que en muchísimos casos encuentran en esta labor su forma de subsistencia. Tenemos que mirarlo al revés, en contravía”, dijo. 

También le recomendó a los fiscales empezar a revisar y pensar en el hecho de que las personas son lo que gastan, y que cuando “vemos en qué está gastando una persona, podremos encontrar una racionalidad de si su ingreso es concordante con su gasto.  Ahí es cuando podemos empezar a encontrar los descalces y herramientas para perseguir; la minería es uno de los grandes ejemplos”, agregó. 

Espinosa adicionalmente se refirió al contrabando técnico sobre el que también se han detectado hechos de subfacturación, una tendencia que en el tiempo se mantiene. En la escena adicionalmente aparece el contrabando abierto, casi imperceptible, y que podría tener un nivel mayor. Según la DIAN el contrabando podría equivaler al 5 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional (PIB) actual, lo que deja intuir que es gigante y sirve a los mercados internacionales. 

Otro punto que señaló fue el tema de la extorsión, sobre el que advirtió que el proceso de paz y los procesos relacionados con el aumento de las garantías para la denuncia disparan en efecto las denuncias por extorsión, y deben dispararlas según dijo, pero este es un hecho, aclara, que no necesariamente apunta a que la extorción haya aumentado. 

“Es muy importante que las personas denuncien la extorsión y los señores fiscales sabrán que la extorsión es precisamente uno de los delitos de más fácil persecución porque es posible efectuar rastreos y poner el aparato estatal de militares y policía al servicio de ello”, señaló. 

Al respecto explicó que la extorsión es una fuente local de ingresos, mientras que los anteriores actos delictivos están asociados a la venta de bienes en el exterior.  La extorsión es, en palabras del director de la UIAF, “pura gasolina para el delincuente nacional.  Donde hay extorsión, en diferentes rangos o partes de la cadena, se llega a otros fenómenos gravísimos como los que encontramos en algún departamento de la nación asociado a microextorsión”, reveló. 

Dentro de los descubrimientos las autoridades han logrado establecer que hasta la leche y el parqueo del carro en frente de la casa son situaciones aprovechadas como objeto de extorsión. Una “micro extorsión no es despreciable, ya que acumulado su valor maneja unos niveles de recursos bastante considerables”, señaló. 

Una apuesta por modernizase y actualizarse

Espinosa agrega que existen algunos productos y canales que son más vulnerables y podrían llegar a presentar un mayor riesgo frente a estas amenazas como: los financieros, estructuras jurídicas, testaferros, personas jurídicas, cambios internacionales, entidades del Estado, entre otros. Para perseguir a las organizaciones criminales la UIAF, reveló su director, ha empezado a manejar esquemas de datos que permiten descubrir que existen criminales reputados y muestran cómo se mueven y se relacionan entre sí. 

El funcionario llamó la atención para recordar que el crimen organizado es un fenómeno internacional y no es un fenómeno exclusivo de Colombia. “Nuestra fenomenología pasada posiblemente estaba encapsulada.  Al punto doloroso de que lo malo del país no se desperdigaba a lo largo de la región y a nivel internacional. Pero esa realidad cambió, los delincuentes ahora no conocen fronteras”, agregó. 

Hoy en día, dijo, existe una industria criminal que nos muestra unos factores sobre los que debemos empezar a abrir más los ojos, como, por ejemplo que el ‘cerebro’ o líder criminal ya no es aquella persona que se encarga de llevar la droga, recibir el dinero y que invierte el producto en la organización criminal. Estas organizaciones criminales se estandarizaron y avanzaron al punto de que cuentan con abogados al servicio permanente, contadores, fábricas, entre otros. 

“El crimen organizado tiene industria legal, ilegal y de verificación de sus productos. El racional del criminal es mucho más amplio. Todas esas buenas prácticas de empresa que enseñan las facultades de administración ellos las acogieron ¿Hoy qué hacen?, diversifican su producto y dicen no me voy a dedicar solo a minería ilegal, sino que debo tener un poquito de extorsión, un poquito de narcotráfico; una diversidad de productos que generen ingreso. Y como el país funciona con abogados pues ya tienen abogados y contadores para que la UIAF no se dé cuenta… es la nueva modalidad del crimen organizado”, explicó Espinosa. 

Uno de los ejemplos para ilustrar este tema, dice, está relacionado con una operación de lavado sofisticada, la cual implica el uso de productos financieros avanzados como los contratos forward. ¿Cómo funciona? un criminal que quiere lavar, se acerca e indica, en un foro o una bolsa, que tiene o que quiere celebrar un contrato forward con un activo subyacente de 1.000 toneladas.

Ese supuesto dueño del producto llega buscando liquidez prometiendo que en 90 días venderá el subyacente y puede pagar. “La empresa fachada de la organización criminal comparece a ese foro y compra ese forward, anticipa unos recursos y se cierra la operación. Transcurridos 90 días se cumple el forward, mientras que esa bolsa no tiene noticia de que se haya presentado nada irregular. Aquí realmente nunca hubo subyacente, ya que todo fue papel”, explica.  

Se trata de un caso que debe poner en alerta a las autoridades e impulsarlas a estar mejor capacitadas en lo referente a productos sofisticados como este tipo de contratos. Se habla de hechos que hasta hace poco no se veían de una forma tan clara. Ante este panorama el funcionario subraya que las autoridades deben empezar a ver cómo se pueden contener este tipo de fenómenos y que todos los actores, organismos de inspección, vigilancia y control, los de inteligencia y el sector privado puedan trabajar de coordinadamente. 

Por ello, recuerda que la UIAF no ha dejado de avanzar en estos términos y señala que: “a nivel internacional podemos decir con fortuna que hacemos parte del grupo de ECMONT que nos permite intercambiar información de inteligencia con cada uno de los países de color azul. Recientemente la UIAF se incluyó y hace parte de Europol a través de la Policía Nacional lo cual ha permitido que trabajemos casos de delincuencia trasnacional principalmente en Europa, eso es una buena noticia”, dijo Espinosa. 

Adicionalmente, la entidad cuenta con mil millones de registros, nuevos procesos, metodologías, tecnología. 

“La UIAF no es otra cosa que un grupo de funcionarios que trabajamos con la camisa arremangada y pedaleando como Nairo, de pie y tratando de escalar los montes de la criminalidad (…) y en la medida en que podamos seguir generando mayores sinergias vamos a poder dar unos golpes mayores que los presentes”, dijo Espinosa. 

El funcionario también señaló que desde la UIAF se seguirá promoviendo la cooperación interinstitucional-internacional y se trabajará más en ese punto. Incluso comentó que los esfuerzos deberán concentrarse en aumentar la capacidad de adaptación, optar por la innovación, adquirir más metodologías de trabajo, más tecnología y por su puesto el fortalecimiento del capital humano. 

Redacción Huella Forense

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