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Operación Lezo: los tentáculos de la corrupción en empresas públicas

2017-12-29

Redes de corrupción internacionales a gran escala han tenido a Colombia como centro importante de sus acciones.

Redes de corrupción internacionales a gran escala han tenido a Colombia como centro importante de sus acciones.

La Operación Lezo, llevada a cabo por la Guardia Civil española investiga desde hace más de nueve años las irregularidades del Canal Isabel II, una empresa de aguas públicas que depende de la Comunidad Autónoma de Madrid (España) y que opera en Latinoamérica desde su filial Grupo Inassa, adquirida en Colombia por un precio muy superior al que estaba avaluada.

Debido a esta y otras irregularidades en sus empresas de servicios públicos de acueducto y alcantarillado se les acusa de malversación de fondos, desfalco al erario público y otros delitos relacionados a la corrupción.

En España se han arrestado a grandes figuras políticas por enriquecimiento ilícito y delitos que afectan, junto a otros países, a tres ciudades de la Costa Caribe. En nuestro país, los avances de las investigaciones han estado sujetos a los requerimientos de las autoridades españolas.

Antes de conocerse estos delitos, fueron las auditorías las que generaron una alerta de las irregularidades: las empresas Metroagua, Triple A y Asaa, todas ellas filiales de Inassa, se encuentran en altos niveles de riesgo financiero y la prestación del servicio movilizó a la ciudadanía por la exigencia de sus derechos.

Investigaciones que mueven engranajes en Colombia

Mientras en España hay alrededor de 70 personas detenidas o investigadas por el escándalo de la Operación ‘Blas de Lezo’, que inició su fase pública hace siete meses, en nuestro país solo hubo un detenido, que hace poco fue dejado en libertad.

Los entes investigadores en la actualidad indagan posibles irregularidades y actos corruptos entre colombianos y españoles, cometidos a través de la sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (más conocida como Triple A), Metroagua de Santa Marta y Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado – Asaa de Riohacha.

Desde el 30 de octubre se volvió a mover la Operación Lezo en España: Alberto Ruiz-Gallardón, ex alcalde de Madrid y ex ministro de justicia del gobierno de Mariano Rajoy, empezó a ser investigado por la Fiscalía. De acuerdo a la Fiscalía Anticorrupción, el gobierno español empezó las negociaciones con el Canal de Isabel II para comprar la empresa Inassa en Colombia en el 2001. Según el diario El Confidencial , la Fiscalía ya habría identificado a más de 30 altos cargos que aprobaron la compra de Inassa. Ahora el reto está en comprobar la irregularidad de los trámites y averiguar si hubo desvío de fondos públicos a paraísos fiscales.

Esto produjo una consecuencia en Colombia: El procurador general, Fernando Carrillo, solicitó la suspensión del contrato que tiene Triple A de Barranquilla con Inassa, quien debía prestar un servicio de asesoría. Según las investigaciones del ente, a pesar de que se ha girado la remuneración por dichos servicios, que corresponde al 4,5 por ciento de los recaudos de la empresa prestadora, no parecen haberse efectuado los servicios de asesoría pactados inicialmente hasta el 2033.

La Procuraduría le dio cinco días a la empresa, que respondió afirmativamente. Sin embargo, Inassa aseguró que su contrato le obliga a prestar la asesoría incluso sin recibir remuneración.

Más recientemente, la junta directiva de la compañía española Canal Isabel II aprobó la venta de sus filiales en Latinoamérica, lo que incluye Triple A de Barranquilla. La Alcaldía de la ciudad no ha manifestado interés por comprar alguna parte de las acciones que quedan a la venta, aunque su participación actual es minoritaria.

Importantes detenidos quedaron en libertad

Dos de los involucrados en este caso, Ignacio González, expresidente de la comunidad de Madrid, y Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa, quedaron libres luego de cancelar su fianza. La justicia española los dejó en libertad el 22 de noviembre luego del pago de 100 mil euros establecidos para Rodríguez y de 400 mil euros para González.

Días antes en Colombia, el subgerente de Metroagua de Santa Marta, Diego García, único detenido en Colombia por este escándalo de corrupción internacional, quedó en libertad.

Inicialmente, la captura se generó luego de los resultados durante el allanamiento a sus bienes en Barranquilla, impulsada las autoridades españolas, quienes consideran a García como la ficha clave de Inassa para los sobornos a los políticos en Latinoamérica.

En operación conjunta con agentes españoles, también se registró la casa de la hija de Edmundo Rodríguez, ejecutivo de Inassa vinculado desde el inicio al escándalo de corrupción, donde reportaron una caleta de 262 mil euros.

La detención se realizó el 24 de agosto en el aeropuerto de Bogotá. Esta operación contó con la colaboración de autoridades mexicanas, cuando García regresaba de Cancún. Fue capturado para ser extraditado a España, donde debía declarar ante la Fiscalía.

Por esos días, tres peritos españoles estuvieron en las instalaciones de Inassa para revisar la información de los expedientes y contrastarla con la información de la empresa que hallaron en Madrid, según encontró El Tiempo. Además de ser el principal aliciente para la captura de García, dos días después de conocidas las investigaciones conjuntas con las autoridades españolas, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal abrió investigaciones por posibles irregularidades en contrataciones con Metroagua en Santa Marta.

Este distrito y entidades como la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) serían investigados para establecer las irregularidades. Los avances de éstas y otras investigaciones llevadas a cabo por el ministerio público en Colombia no lograron establecer dado que los procesos están bajo reserva, por lo que el Procurador Delegado, Camilo Orrego, no dará declaraciones públicas al respecto, según se le informó a Huella Forense.

Justicia española: cojea y se tarda, pero llega

La justicia española va a pasos agigantados respecto a los avances en nuestro país. La Guardia detuvo el 19 de abril del 2017 a quien fue presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid hasta el 2015, Ignacio González, y a 11 altos funcionarios. Se les acusó del pago de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos, un desfalco realizado a través de las filiales de la empresa Canal de Isabel II.

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, expidió la orden de captura y 30 allanamientos en oficinas, según la revista Semana, luego de analizar grabaciones de cientos de horas.  Este grupo de políticos está inculpado por prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios de acuerdo a la agencia Reuters.

El magistrado atribuye a la empresa española el pago de comisiones ilegales que se justifican en contratos por prestación de servicios inexistentes a cambio de adjudicación de contratos y compra de filiales latinoamericanas. El dinero de los fondos públicos pudo haber terminado no solo en cuentas familiares y personales sino en la financiación del Partido Popular, del actual presidente Mariano Rajoy.

Los contratos irregulares se celebraron con sociedades de las Islas Vírgenes Británicas, y además de Colombia, en Panamá, la República Dominicana y Haití. El pago inicial del grupo Inassa, filial colombiana del Canal Isabel II, se registró en 100 millones de euros, a pesar de estar avaluada en el 30 por ciento de ese valor. Algo similar pasó en Brasil con la empresa Emissao, por la que se pagó 31 millones de dólares y dos años después costaba 5 millones de dólares, de acuerdo al auto dictado por el juez al que la agencia Efe tuvo acceso.

Todo empezó en Cartagena

A finales de 2008, la periodista Pilar Velasco publicó un video luego del espionaje que realizó la Guardia Civil de España a González, expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. En las imágenes se observan reuniones del expresidente con diferentes personalidades de Cartagena y con Edmundo Rodríguez, entonces presidente de Inassa, y una visita al Palacio de Nariño. Fueron polémicas unas bolsas plásticas, en las que se presume había dinero en efectivo, con las que entran a por lo menos dos inmuebles diferentes de La Heroica y luego salen sin ellas.

Por este caso, la periodista Velasco recibió una demanda por revelación de secretos y fue obligada a dejar la investigación. Luego de ocho años, salió a la luz la ‘Operación Lezo’ que comenzó en La Heroica. Este nombre en honor a Blas de Lezo, un almirante que, según la historia, a pesar de estar tuerto, cojo y manco detuvo la invasión inglesa a Cartagena en 1741, con seis navíos frente a 180 buques ingleses.

Auditorías que alertan pero no tienen repercusiones

Años antes de que este escándalo de corrupción saliera a la luz pública, la mala prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en las ciudades de Santa Marta, Barranquilla y Riohacha era evidente para la ciudadanía, así como en los informes de la Superintendencia Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Sin embargo, a pesar de las auditorías y la falta de entrega de la información, hay pocos registros de sanciones impuestas, algunos de  por suministrar agua no apta para el consumo humano.

Santa Marta sin agua

Desde 1991 Metroagua, filial de Inassa, tenía las redes de acueducto y alcantarillado que se le exigió devolver el pasado 17 de abril. Gracias a una acción popular interpuesta por el exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, respaldada con 230 mil firmas, el juzgado ordenó la terminación del contrato ya presupuestada, sin posibilidad de renovación.

Esto fue una satisfacción para los samarios que marcharon numerosas veces exigiendo la mejora del servicio. Ahora, el nuevo encargado de administrar el sistema de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Santa Marta es Proactiva Santa Marta S.A E.S., desde el 5 de abril. Esto luego del proceso de licitación para buscar un operador transitorio hasta generar una solución definitiva, según aclaró la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) a través de un derecho de petición que Huella Forense remitió a la entidad.

La empresa Metroagua se negaba a entregar las redes y la información de los usuarios hasta no recibir 60 mil millones de pesos que aseguraban haber invertido y no lograron ser recaudadas dentro de la operación. Sin embargo, el distrito pedía el soporte de los arreglos en los que se había invertido dicho dinero, ya que no concuerda con el mal estado de la infraestructura. La discusión se solucionó con la exigencia del Juzgado ya mencionada.

La filial del Grupo Inassa recibió hace 27 años las redes de acueducto y alcantarillado de la ciudad, en buen estado, a través de un contrato de arrendamiento celebrado con la Alcaldía. En el documento de 21 páginas, se habla de reparación y mantenimiento, pero no de inversión para ampliación o mejoramiento de la infraestructura. Además, no se exige pago por el uso de las redes ni contempla mecanismos que garanticen la calidad del servicio, inconsistencias que a largo plazo afectaron la óptima prestación del servicio público.

Bajo de la lupa de Superservicios

En la evaluación integral de enero 2017 hecha por la SSPD, Metroagua fue clasificada en nivel III de alto riesgo, por sus problemas de iliquidez. Presentó un endeudamiento del 90 por ciento en el corto plazo y el 65 por ciento de la cartera es considerada incobrable.

Además, sus cuentas bancarias disminuyeron en casi 31 por ciento y tenía sobregiros de cientos de millones de pesos. Se verificó también una disminución en la utilidad del ejercicio del 200 por ciento en 2015 respecto al año anterior, aunque pudo solventar gastos y costos.

La vigilancia sobre la calidad del agua refleja que “hubo un presunto suministro de agua no apta para el consumo humano en los meses de febrero, marzo, mayo, agosto y septiembre del año 2015, y para los meses de abril y octubre de 2016”, según el informe de Superservicios. En esos meses, los resultados del Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) fueron mayores a 5 por ciento.

El incumplimiento también fue visible en la entrega de datos financieros: no se subió la información de 2015 ni 2016 a la plataforma, ni se realizaron las actualizaciones pertinentes en 2012, 2014 ni 2016. Además, aún se encontraban en cierre financiero del año pasado durante la última visita de la SSPD, por lo que la información presentada es parcial.

A pesar de todas estas irregularidades, Superservicios solo registra en su histórico de sanciones una multa impuesta a Metroagua, el 16 de julio de 2010, por 40 millones de pesos. Esto a causa del suministro a la comunidad de agua no aceptable para el consumo humano, la misma presunción que se hizo en el 2015 y por la cual no avanzó una nueva investigación o sanción alguna.

Gestiones irregulares en acueductos de la Costa Caribe

La corrupción también es visible en el acueducto de Barranquilla. A través de su participación en la sociedad con Triple A, el grupo Inassa ha ganado acciones que la ciudad ha perdido: la participación estatal mayoritaria paulatinamente pasó al 14,5 por ciento en 2015 mientras que la de Inassa se incrementó al 82,2 por ciento, situación que investiga la Procuraduría.

“El prestador quedó clasificado en Rango III del Indicador Financiero Agregado (IFA), es decir, nivel de riesgo alto, generado principalmente por su liquidez ajustada”, se escribió en el informe de la SSPD publicado en septiembre de 2013. A pesar de esto, la respuesta de Superservicios en el derecho de petición que Huella Forense radicó indica que respecto a la liquidez de Triple A: “Se observa que el prestador siempre ha contado con capital de trabajo positivo y que sus activos están en capacidad de cubrir sus pasivos”. Entre otros resultados, las obligaciones financieras se incrementaron en un 133 por ciento y las cuentas por pagar en un 31 por ciento.

Entre 2005 y 2012 se le impusieron nueve multas por 446,4 millones de pesos, motivadas por omisión en el reporte de información a la Superintendencia, suministrar agua no apta para consumo humano, no aplicación de la metodología tarifaria, situación que afecta a otros 13 municipios, además de Barranquilla.

Sin embargo, la conclusión de Superservicios expresa que Triple A “ha presentado una buena prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo desde el punto de vista técnico-operativo, financiero y comercial”.

Un tercer caso de irregularidades

A pesar de las gestiones no muy óptimas en Santa Marta y Barranquilla con las empresas Metroagua y Triple A, Inassa consiguió operar en consorcio el acueducto de Riohacha a través de la empresa Asaa desde 2013.

En su evaluación de 2015, hay irregularidades que Superservicios pide aclarar: el incremento de 338 por ciento en órdenes y otros contratos de otros servicios, así como el aumento de 2.485 por ciento en depreciaciones y amortizaciones. Además, los pasivos aumentaron en 47,96 por ciento, y las obligaciones financieras en 8.524 millones de pesos, algunas de las causas por las que se encuentra en nivel II de riesgo financiero.

En cuanto a la prestación del servicio, tanto en 2013 como en 2014 se distribuyó agua no apta para consumo humano, de acuerdo al IRCA. Por este hecho, la empresa fue sancionada en 2015 con una multa de 340 millones de pesos, decisión que fue apelada y la resolución dictó a favor de la empresa. Las muestras tomadas fueron analizadas por el laboratorio de Triple A de Barranquilla y Nancy Flórez en Valledupar, que de acuerdo al informe se encuentran debidamente acreditados, aunque no se hace referencia a su afiliación con Inassa,  situación que de confirmarse podría tratarse de un conflicto de intereses.

¿Qué puede hacer la Superintendencia a partir de las auditorías?

Una medida que puede ejecutar Superservicios es la intervención de las empresas. Esta puede generarse como deber del Superintendente luego de una investigación administrativa o como medida excepcional que puede tomar esta persona de acuerdo a la gravedad o riesgo para la prestación del servicio. Cabe recordar que la ‘intervención’ para la SSPD, se refiere a “todas aquellas atribuciones y facultades otorgadas por el Estado, para la prestación eficiente y continua de los servicios públicos domiciliarios, en condiciones de calidad”.

Al preguntar a Superservicios por la posibilidad de intervenir Triple A, dadas las conclusiones de sus informes, aseguró que la empresa “No ha presentado indicadores que generen riesgo en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, ni tampoco de falta de entrega de información, y por lo tanto no hay evidencias para tomar posesión del prestador”.

Sin embargo, en el análisis de este artículo se observa cómo se presentaron situaciones relacionadas a la mala calidad del agua y sanciones por la no entrega de información, lo que no parece concordar con las apreciaciones finales de Superservicios.

Respecto a Metroagua, en el derecho de petición firmado por Bibiana Guerrero, directora técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado, se explicó que “en su momento se adelantaron diferentes acciones de inspección, vigilancia y control que no ameritaron la toma de posesión por parte de esta entidad”. Esto contrasta con la decisión de los estrados judiciales y las constantes quejas de la ciudadanía.

Revisores fiscales son claves

Un papel importante para detectar delitos financieros lo tienen los revisores fiscales. De acuerdo con la Superintendencia Financiera, el revisor debe tener independencia de los entes para los cuales presta sus servicios y sus funciones se asemejan a las de un auditor financiero. La empresa Triple A es certificada por Alfredo Blanco, Revisor fiscal de la firma Blanco & Blanco. Este revisor trabajó además en 2016 y 2017 para la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla Y Región Caribe S.A. – EDUBAR, de la cual Carmelo Faillace es miembro de la junta directiva como representante de Triple A (al ser el gerente general) para este año y 2018.

Entre otras, una función clave del revisor fiscal es la de “denunciar las irregularidades que identifique en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios, a los órganos sociales y a la administración del cliente”. Además, “cerciorarse de que las operaciones de las entidades se ajustan a las prescripciones de los estatutos”, según dispone el Código del Comercio.

Toma de decisiones a partir de las auditorías

Aunque hasta este año se conoció la corrupción detrás de las filiales de Inassa, las irregularidades que presentan las empresas en los informes de la SSPD deberían ser una primera alerta. Para Felipe Sarmiento, auditor de Global Forensic Auditing (GFA), “no es que fallen las auditorías, sino que las personas que hacen esto no tienen la idoneidad o experticia suficiente para hacer este tipo de auditorías”.

Una de las principales situaciones que ve Sarmiento como problemáticas es el tiempo y el conflicto de intereses. Desde su experiencia, explicó que las empresas suelen dar un tiempo muy limitado para la realización de las auditorías y añadió que “de nada nos sirven las auditorías donde no hay independencia de las superintendencias o cualquier organismo de vigilancia o control”.

Al hacer una revisión de los informes de la SSPD, Sarmiento los calificó como muy generales e integrales. “No son auditorías forenses y se enfocan más en la prestación del servicio y no en la identificación del manejo de los recursos”, lo que considera como paso importante para detectar más rápidamente irregularidades en las empresas.

Respecto a la capacidad de auditoría de los entes de vigilancia y control del Estado, para Luis Fernando García, contador y auditor forense, “como sugerencia, las empresas no estan preparadas y concientes de que pueden ocurrir delitos dentro de su empresa, sería mejor y mas fácil de detectar si un auditor forense puede acompañar al equipo de auditoría”.

Por otra parte, se generan interrogantes por el rol de la Fiscalía: “no conozco particularmente el caso, pero si la Fiscalía no ha puesto a trabajar un equipo élite de contabilidad forense están retrasados”, aseguró García. “El tiempo que pase es la verdad que se pierde, dicen los abogados”, añadió, para enfatizar en la importancia de la celeridad de las investigaciones para esclarecer los hechos.

Las denuncias internacionales son las que mueven las investigaciones colombianas

Un caso internacional de mayor envergadura y despliegue mediático pero que también vincula sobornos para la obtención de contratos internacionales es Odebrecht. El mundo tuvo conocimiento público cuando en diciembre del año pasado las autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza hicieron un convenio con los altos directivos de la multinacional brasilera para hacer justicia.

La constructora concedió sobornos millonarios a diferentes sectores políticos, empresariales y civiles de 12 diferentes países, incluido Colombia. Durante más de 15 años, según lo revelado por el departamento de justicia de EE.UU. se habrían entregado 11 millones de dólares en el país. Luego de conocer lo ocurrido, la primera captura se efectuó en Colombia el 13 de enero, el acusado de corrupción fue Gabriel García Morales, exviceministro de transporte en el gobierno de Álvaro Uribe.

Adicionalmente, un día después fue capturado el entonces congresista Otto Bula por haber recibido presuntamente 4,6 millones de dólares. Respecto a los procesos actuales, en el seguimiento que hace la Silla Vacía, hay nueve personas en principio de oportunidad (como Bula y el “Ñoño” Elías, antes detenidos), mientras nueve están en juicio (entre ellos Álvaro Dávila, abogado envuelto en el “cartel de la contratación”), otras nueve están en imputación de cargos, dos personas han aceptado cargos (entre ellas Federico Gaviria Velázquez, involucrado en el “cartel de la contratación” de Bogotá), siguen detenidas tres personas y, fueron condenados García Morales y Enrique Ghisays Manzur, un empresario cartagenero que se declaró culpable de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Similitudes de Lezo con el caso Odebetcht

Así como en el caso de Odebrecht en el que la campaña presidencial del 2010 de Santos se vio envuelta en posibles financiaciones de dineros extranjeros. El Mundo de España habló de que, al parecer, “La trama del Canal de Isabel II pagó gastos electorales de Santos en Colombia", donde se explica que funcionarios de Triple A aportaron 75 millones de pesos a sus campañas.

De acuerdo al comunicado del gerente de dicha campaña publicado por La FM, Santiago Rojas explicó que todo estuvo acorde a las leyes colombianas. La financiación se reportó al Consejo Nacional Electoral y se refiere a tres personas naturales que hicieron giros de dinero que no sobrepasaron los montos establecidos por la ley. La pregunta es si esto no es una incidencia indirecta de la empresa a la campaña para la posible prestación de servicios y celebración de contratos posterior.

Las redes internacionales han encontrado en Colombia espacios en los que pueden extender sus actividades corruptas y funcionarios dispuestos a recibir coimas que favorecen el enriquecimiento ilícito. En el auge de su fase pública, el caso de Odebrecht y de la Operación Lezo hicieron que la corrupción se mantuviera en la agenda de la opinión pública durante todo el 2017, casos que esperan su resolución el siguiente año como garantía del derechos de ciudadanos que se han visto afectados en la prestación de los servicios públicos. 

 

Gisselle Martín 
Especial para Huella Forense 

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