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Financiación de las campañas electorales: la puerta de la corrupción estatal

2017-11-27

Grandes expectativas giran en torno a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en el 2018. Un factor decisivo para la ciudadanía tiene que ver con la lucha por erradicar la corrupción que ha impedido el avance del país en diversos sectores. En este momento, un proyecto de ley de Reforma Política pasa a trámite en el Senado y pretende cambiar, entre otras cosas, algunos mecanismos que rigen la financiación de las campañas electorales.

Sin embargo, de acuerdo con expertos en el tema, lo que se planea puede no ser suficiente para los retos que se proponen superar la corrupción en las elecciones, fenómeno que ha puesto en jaque la administración del Estado.

Para buscar los mecanismos más efectivos de control en la financiación de las campañas de las próximas jornadas electorales, el analizar los principales delitos que se cometieron en las pasadas elecciones presidenciales y legislativas puede dar luces importantes para evitar que vuelvan a repetirse. Dentro del seguimiento a las elecciones, realizadas el 25 de mayo y 9 de marzo de 2014 respectivamente, hay falencias claves en la verificación de los orígenes del dinero y gastos de las campañas que requieren especial atención; sería clave evitar su repetición.

Los ‘pecados’ durante las últimas elecciones (2014)

De acuerdo con Camilo Mancera, vocero de la Misión de Observación Electoral (Moe), los delitos de las últimas elecciones presidenciales y legislativas se caracterizaron principalmente por la existencia de prácticas fraudulentas como la corrupción del sufragante o compra de votos. En segundo lugar, por utilizar recursos del Estado para pagar por los votos con dinero u ofrecimiento de contratos, así como el constreñimiento al sufragante (amenazas y presión para votar). Un tercer elemento registrado fue el proselitismo de los servidores públicos a pesar de la prohibición: “lo que hemos visto es cómo la maquinaria del Estado es puesta a disposición de las campañas electorales”, aseguró Mancera.

En las elecciones anteriores al Acuerdo de Paz, atravesadas por el conflicto armado, la característica principal de los obstáculos al ejercicio democrático fue los paros armados, la quema de material electoral y las restricciones para salir a votar.

Según Transparencia por Colombia, ONG internacional dedicada a la lucha contra la corrupción, a diferencia de estos hechos, lo que ahora llama la atención es la forma en la que se lleva a cabo la financiación de las campañas políticas, que en su gran mayoría sigue siendo privada, lo que genera una incidencia de grandes grupos empresariales.

Compras y amenazas: irregularidades para la libre votación

En el caso de las elecciones presidenciales, por ejemplo, la Moe registró en su informe que “en regiones, como Bolívar (Cartagena), la propaganda electoral de los dos candidatos se notaba más activa (carros estacionados cerca del puesto de votación)”. Muestran a continuación la foto con publicidad de ‘Zuluaga Presidente’, denunciando además la posible compra de votos, informada por ciudadanos.

Para las elecciones al Congreso del mismo año, la Moe registró 639 reportes ligados a las irregularidades del voto libre. Aquí se contabilizan primero, el constreñimiento, o amenazas que provienen de jefes de empresas privadas o públicas que obligan el voto a sus empleados; y segundo, la corrupción del sufragante, es decir la compra de votos por medio de dinero o en especie.

“Dentro de los reportes recibidos se hacía referencia a eventos en los que se entregaban electrodomésticos, kit escolares, así como ofrecimiento y entrega de beneficios o dinero en efectivo que iba desde los cincuenta hasta los doscientos mil pesos”, según reportó la Moe en su informe.

En dicho documento la organización especificó los mayores delitos que se registraron meses anteriores a las elecciones: entre enero y febrero de 2014 predominó la utilización de programas sociales a favor de campañas, contratación como mecanismo de presión, compra de votos y excesos en publicidad. En marzo, mes de las elecciones, eran notorios los “incumplimientos de los procedimientos electorales por parte de las distintas autoridades al interior del puesto de votación, seguido de la publicidad ilegal y la compra de votos”, como se lee en el informe.

Transhumancia electoral

Durante el día de las elecciones legislativas la Moe registró en su informe el transporte irregular de votantes, principalmente en Córdoba donde se registraron buses con publicidad cerca a lugares de votación: “… nos informaron que en ese recinto [una casa frente a la salida del puesto de votación] el partido liberal dio supuestos ‘consejos’ a los votantes y también funcionó como paradero de busetas que transportaban votantes con banderas rojas”, informó Robin Cheesman, un Observador Sueco voluntario de la Moe en Córdoba.

Financiación de los privados y funcionarios públicos

Gracias a las exigencias particulares para las campañas presidenciales (detalladas en la ley 996 de 2005 donde se prohíbe, por ejemplo, la financiación de las empresas), el 46 por ciento de los ingresos en las campañas para 2014 fue de origen público, según el informe de financiación entregado por Transparencia por Colombia. Caso contrario al de las elecciones legislativas, que apenas registraron un cinco por ciento en los anticipos que entregó el Estado para financiamiento.

“¿Por qué no hemos prohibido la financiación de personas jurídicas para las elecciones legislativas y territoriales?”, se pregunta Sandra Martínez, coordinadora de Transparencia Política en Transparencia por Colombia. En todo caso, Martínez aclara que para las elecciones presidenciales  “el problema es que si son muchas personas que hacen parte de la misma empresa, uno se pregunta si no hay un lineamiento de aportes económicos desde la empresa”. Entonces, a pesar de la prohibición de la financiación del sector empresarial, se estaría generando indirectamente una incidencia en los resultados electorales.

Desde la revisión de los aportes de particulares se detectaron desde Transparencia por Colombia, algunas posibles incidencias de intereses privados. De las candidaturas, solo tres recibieron aportes de personas naturales: Oscar Iván Zuluaga, Enrique Peñalosa y Martha Lucía Ramírez.

Entre los principales financiadores privados de Zuluaga, consignados en Cuentas Claras, destaca Alejandro Santo Domingo Dávila, miembro del grupo que controla medios como Caracol Tv, Caracol Radio y El Espectador; además, Luis Carlos Sarmiento Angulo del Grupo Aval y Juan Manuel Barberi Ospina, directivo de Tecnoquímicas. Para el caso de Peñalosa, los dos primeros aportantes de Zuluaga también financiaron su campaña.

Geográficamente es notoria la diferencia en la cantidad de aportes respecto al lugar de procedencia: mientras en Bogotá hubo 297 personas aportantes, “en la región Orinoquía solo se reportaron tres aportes procedentes del departamento del Meta para la campaña de Zuluaga. Estos aportes suman 12 millones de pesos. En los departamentos de Amazonas, Putumayo y Caquetá no se registran aportes a las campañas presidenciales de personas naturales”, se lee en el informe de Transparencia.

Respecto a las elecciones del Congreso, el informe destaca que sólo el 32,73 por ciento de los recursos entregados como anticipo por el Estado fueron reportados por los partidos y organizaciones políticas. Por su parte, Cambio Radical fue el único partido que no hizo ningún reporte en Cuentas Claras. Además, se destaca que el 70 por ciento de las campañas fueron financiadas por privados. Teniendo en cuenta que los aportes de personas jurídicas para el caso de elecciones legislativas son lícitos, se reportó que 558 empresas realizaron donaciones o contribuciones a campañas, entre ellas dos de los principales medios de comunicación privados del país: RCN y Caracol.

“Llama la atención que grandes empresas, contratistas o excontratistas públicos aparezcan como los principales donantes a estas campañas”, se lee en otro informe  de Transparencia.

Destacan además que los 85 candidatos del Centro Democrático fueron los que recibieron más aportes de personas jurídicas y naturales.

Gracias a un derecho de petición dirigido al CNE, Transparencia por Colombia conoció que se han iniciado 33 investigaciones administrativas por violaciones relacionadas a financiamiento y una por actos de financiación prohibida. Sin embargo, no se reportó ninguna sanción hasta ese momento.

Dinero de empresas extranjeras

Solo gracias a información proveniente de las autoridades de Estados Unidos fue posible destapar el escándalo de corrupción de la empresa Odebrecht, el cual afectó unos 12 países latinoamericanos. Particularmente en Colombia, la multinacional brasilera es señalada de haber pagado sobornos millonarios para ser contratista de importantes obras de infraestructura, entre las que se encuentra la Ruta del Sol y Navelena, una importante obra que busca hacer nuevamente navegable el río Magdalena.

En febrero de este año, el exsenador Otto Bula, detenido, por este caso, al haber recibido 4,6 millones de dólares como soborno entregado por la empresa, implicó en las investigaciones al gerente de la campaña del presidente Santos, Roberto Prieto, según información de la W Radio. Sin embargo, CNE archivó la investigación en agosto por vencimiento de términos: dado que la investigación es por la campaña del 2010, ya habría superado el tiempo límite de tres años, por lo que, de encontrar irregularidades más claras, se compulsarán copias a la Comisión de Acusación del Congreso.

La campaña del candidato que obtuvo el segundo lugar en votación, Zuluaga, fue investigada y archivada también por el escándalo Odebrecht pero la Procuraduría presentó un recurso ante el CNE para que sea revocada esta decisión. El publicista de la campaña, el brasilero Duda Mendonça, declaró al semanario Veja que parte de sus honorarios habrían sido pagados por Odebrecht. Sin embargo, el CNE ha dicho que no ha sido posible contactarlo para rendir indagatoria, según información brindada a Semana, por lo que el 28 de octubre vencieron los términos. Sin embargo, la Procuraduría dice que el plazo para el cierre de la investigación es el 24 de noviembre del 2017.

La financiación actual Vs.  los cambios de la Reforma Política

El sistema de financiación de campañas electorales en Colombia es mixto. Esto quiere decir que es posible recibir apoyo económico estatal y de fuentes privadas. La ley 130 de 1994 y la 996, amparadas por la Constitución Política, son las que actualmente rigen todo el sistema; estas son leyes que ahora pretenden ser modificadas por el Proyecto de Acto Legislativo n.° 012 de 2017C, conocido como la Reforma Política. Aunque dados los retrasos, posiblemente no aplicará para las elecciones legislativas, pues las inscripciones para los candidatos iniciaron el 11 de noviembre.

Luego de múltiples aplazamientos y dilaciones, el 9 de noviembre la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate la Reforma Política. Rodrigo Lara, llamó a esta reforma la 'Ley Cristo' asegurando que el gobierno la propuso para favorecer la candidatura de Juan Fernando Cristo. Ahora será discutida en el Senado y se espera aprobación de dos debates antes del 30 de noviembre, cuando finaliza el Fast Track.

Importantes cambios como la obligatoriedad de las listas cerradas y el avance de los medios electrónicos para las votaciones se incluyen en el proyecto. Particularmente en la financiación, aumentó el recurso estatal, el tema de anticipos cambió y se hizo explícita la prohibición constitucional de entregar dádivas por votos, como se verá a continuación.

Lo que seguirá igual: Limites y justificación de los gastos de campaña

Los topes de gastos

Para cada elección, el CNE establece unos topes máximos que cada candidato puede gastar en su campaña. En 2014, para la primera vuelta presidencial el tope fue de 20.300 millones de pesos, y para el candidato presidencial fue de 13 mil quinientos millones. En la segunda vuelta, el monto fue menor: casi 9 millones 500 mil pesos por candidatura.

Por su parte, los candidatos a Senado no podían gastar más de 74 mil millones de pesos, mientras que quienes aspiraban a la Cámara de Representantes tenían montos disponibles que oscilaron entre los 15 mil y los mil millones de pesos, dependiendo de la cantidad de habitantes del departamento.

Aunque el tema de topes se mantendrá para el siguiente año y la rendición de cuentas se realiza por el portal de Cuentasclaras.com. Mancera aseguró que no existe un estudio serio sobre cuáles son los gastos reales de una campaña electoral: “Los reportes que presentan las candidaturas pueden ser completamente falsos pero no hay como corroborarlos”, afirmó. 

Plataforma virtual para la rendición de cuentas

El portal Cuentas Claras fue creado por Transparencia por Colombia y posteriormente donado al CNE, entidad que lo adoptó como el mecanismo oficial para la rendición de cuentas de todas las campañas electorales del país.

“Fue diseñada identificando una dificultad en la revisión de los informes contables, pues como los candidatos los presentaban en físico y llegaban en cajas con información, era muy difícil hacer un dictamen certero de la financiación de las campañas”, señaló Sandra Martínez, de Transparencia por Colombia, al resaltar la importancia de la sistematización para hallar las irregularidades.

Sin embargo, a pesar de convertir a Cuentas Claras en el medio oficial, incluso en las elecciones de alcaldías en 2015, algunos candidatos no rindieron cuentas. Esto lo ha detectado Transparencia por Colombia gracias al acuerdo de donación, en el que dejaron claro que la información debía ser pública y que ellos la usarían como insumo para el análisis de patrones en las fuentes de financiación, de los aportantes y los gastos mayoritarios.

Sanciones por exceso de gastos: Un cambio antes de la Reforma

De acuerdo a la Ley 130 (Art. 14 y 39) y a la Constitución Política (Art. 109), quienes sobrepasen los topes de gastos en las campañas electorales, perderán la investidura, no tendrán derecho a la financiación por reposición de votos y se les impondrán multas. Desde este año y antes de la aprobación de la Reforma Política, una ley sanciona con penas de cárcel este y otros delitos electorales.

“Además de la pérdida de la investidura, este año ‘la Ley fantasma’ habilitó la posibilidad de que el control también lo haga la Fiscalía, porque ahora es considerada como un delito”, explicó a Huella Forense el vocero de la MOE.

Esta nueva Ley, promovida por el Centro Democrático y oficialmente la 1864 de 2017, estableció penas de cárcel para los principales delitos electorales, pasó por los debates sin revisión a profundidad y por ello su nombre mediático. Además de las multas, ahora se impondrán penas entre 4 y 9 años por delitos de financiación: a quienes violen los topes máximos de las campañas, para los servidores públicos que amenacen o presionen a los votantes, para quienes no informen sobre aportes realizados a las campañas electorales y para los gerentes de las campañas en las que se descubran fuentes prohibidas de financiación.

Los cambios en la financiación mixta: más recursos del Estado y menos privados

Las opciones de la financiación estatal 

Como mecanismos de financiación, la ley establece los anticipos y la reposición de gastos. Tanto las campañas presidenciales como las de Congreso son financiadas por reposición de votos. Cada voto tiene un valor que fija con anterioridad a las votaciones el CNE, y cada candidato recibe la cantidad de dinero de acuerdo a los votos contabilizados. Para poder recibir esta financiación, debe superarse un cierto porcentaje de la votación total.

Específicamente para las campañas presidenciales es posible recibir un anticipo, de acuerdo a la ley 996. Este se establece al estimar el valor que se cree obtener por reposición de votos. Cabe aclarar que para tener derecho a la reposición de votos el candidato debe obtener por lo menos el 4 por ciento de los mismos. En caso de no alcanzar esta cantidad tendría que devolver el anticipo y no recibiría dinero alguno por los votos obtenidos. “Los anticipos no llegan a tiempo y se está tratando de mejorar esto con la Reforma. Para ello, se necesita coordinar con el Ministerio de Hacienda, Registraduría y el DANE”, explicó la vocera de Transparencia política.

En la Reforma Política se propone que las campañas sean financiadas en su mayoría con recursos estatales, dejando como tope de financiación privada el 25 por ciento para todo tipo de campañas electorales. Esto teniendo en cuenta que la financiación del Estado incluiría la propaganda electoral, la franquicia postal y la garantía del transporte a los lugares de votación gracias a la Reforma Política.

La modalidad de anticipos ahora será más equitativa: funcionará para las campañas de todas las corporaciones públicas y no sólo para las presidenciales. Además, el 50 por ciento de la financiación estatal se repartirá por anticipo en partes iguales a todas las organizaciones políticas. Se distribuirá proporcionalmente al número de curules obtenidas en las pasadas elecciones, a la cantidad de jóvenes y mujeres inscritas.

“Desde Transparencia, celebramos de la Reforma la propuesta del registro de proveedores de gastos de campaña y dar unos precios de referencia, así como incluir el transporte dentro de los gastos que debe cubrir el Estado directamente”, afirmó Martínez, explicando los puntos positivos de la Reforma en temas de financiación.

La financiación política tiene un fondo nacional

El Estado, en la actualidad, pone a disposición de los candidatos sus recursos a través del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales. Este mecanismo creado por la Ley 130, es administrado por el CNE y se encarga de gestionar los recursos.

El costo de las campañas electorales es cubierto por el presupuesto nacional, manejado por el Ministerio de Hacienda. En cada paso del proceso electoral que implica desembolso, el Fondo informa al CNE sobre los pagos que se deben efectuar a los partidos y movimientos políticos desde la gerencia administrativa y financiera de la Registraduría Nacional de Estado Civil.

Apoyo extra a los partidos

El mismo Fondo que se encarga de financiar las campañas políticas tiene la responsabilidad de generar recursos para el funcionamiento de los partidos políticos con personería jurídica. Ahora, debido a los Acuerdos de Paz, la Reforma Política incluye un periodo de transición en el que se destinarán recursos al nuevo partido de las Farc. Además, se indica que la financiación de los partidos políticos se incrementará en 50 por ciento a partir del 2018, valor que se mantendrá a lo largo del tiempo.

Límites a la financiación privada

Tanto las personas naturales como jurídicas pueden hacer sus aportes a las campañas electorales, lo que tiene una medida diferente para las presidenciales y las legislativas. Para el primer caso, se fijó en 2 por ciento el tope para el aporte que pueden realizar las personas particulares.

En el caso de las campañas para el Congreso no existe un tope, por lo que una persona particular podría cubrir incluso todos los costos de la campaña, sin exceder el tope máximo que se establezca para las elecciones. En el caso de los aportes de personas jurídicas o empresas no se establecen topes para ninguna de las campañas.

Además, tanto para personas naturales como jurídicas extranjeras la ley prohíbe recibir su apoyo en cualquier campaña para cargos de elección popular. Sin embargo, en el 2005 la Corte Constitucional declaró inexequible las contribuciones de las personas jurídicas a las campañas presidenciales a través de la sentencia C-1153, explicando que se perjudica el principio de igualdad y que los derechos políticos están ligados a personas naturales.

Para Mancera, aún hay vacíos legales a pesar de esta sentencia. Primero, las empresas pueden dar sus dineros a través de personas naturales que obedecen a sus intereses y, segundo, en las precampañas presidenciales y la recolección de apoyos es cuando más se presenta el financiamiento de empresas, ya que no está reglamentado el apoyo previo a la campaña formal.

Un límite constitucional

La modificación del artículo 109 de la Constitución Política fue aprobada y en uno de sus apartes se especifica que “las campañas electorales y las organizaciones políticas no podrán entregar donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos, ni contratar transporte de electores para la fecha de elecciones y para actos y manifestaciones públicas”. Ahora, de ser aprobada la reforma, será el Estado quien se encargue de garantizar el servicio de transporte el día de las elecciones.

Importantes cambios en la entidad administrativa electoral

Actualmente, el CNE es el encargado de “ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral”, según el artículo 265 de la Constitución. Dentro de sus funciones está la distribución de la financiación estatal y la auditoría a campañas y organizaciones política. Sin embargo, una de las grandes críticas desde sectores de la sociedad civil, como la MOE, tienen que ver con su capacidad investigativa o de sanción efectiva para lograr evitar que se continúen cometiendo delitos electorales.

En cuanto a la elección de sus miembros, por mandato constitucional, “los partidos son los que postulan candidatos para que el mismo Congreso los elija. Estos políticos (miembros del CNE) son los que terminan iniciando investigaciones contra quienes los postularon y los eligieron, lo que claramente representa conflictos de interés”, explicó Camilo Mancera al referirse al papel del actual CNE y la forma en la que es elegido.

Mayor independencia

La máxima autoridad en lo relacionado a las elecciones está hoy en cabeza del CNE y de ser aprobada la Reforma Política por el Senado, quedaría a cargo del nuevo Consejo Electoral Colombiano (CEC) que crearía el Acto Legislativo. Uno de los principales cambios, muy cuestionados por diversos sectores del Congreso, es que este último, de darse la reforma, ya no sería el encargado de postular a los miembros de la entidad, sino que la labor estaría en manos de la academia cuyos candidatos posteriormente serían elegidos por los congresistas.

Este es uno de los reparos de la MOE al actual proyecto de Reforma: “sin una autoridad técnica e independiente que investigue los temas de financiación, el proyecto no será efectivo”, explican en su página web.

Retos para las elecciones de 2018

¿Se aplicará Reforma política en las elecciones de 2018?

Desde la visión de Martínez, de Transparencia Política, aunque la Reforma Política alcance a aprobarse por medio del Fast track, no alcanzará a afectar las elecciones del Congreso 2018. Sin embargo, es posible que empiece a regir para elecciones presidenciales.

Para la vocera de Transparencia por Colombia, existen mecanismos y procesos avalados por la legislación actual que son muy útiles pero que no se han puesto en marcha. Luego de la Reforma dijo, resultaría importante hacer una depuración y hacer una derogación, para tener mayores claridades normativas de las disposiciones legales para las campañas electorales.

Cumplimiento de sanciones

Gracias a la Ley Fantasma (1864), que empezó a regir desde el 17 de agosto pasado, los delitos electorales ahora deben ser investigados por la Fiscalía General de la Nación. Cuatro meses antes de las próximas elecciones, esta entidad debe presentar el plan de atención, seguimiento y prevención de la criminalidad electoral. Para Camilo Mancera es positivo que el ente acusador tenga la posibilidad de buscar material probatorio, lo que beneficiará el avance de las investigaciones.

Además, esta Ley fantasma también estableció penas por: la alteración de resultados electorales, el voto fraudulento, el tráfico de votos para quien haya sido elegido y esté inhabilitado y estableció también penas por corrupción, fraude y constreñimiento del sufragante.

Sin embargo, para la coordinadora de Transparencia Política de Transparencia por Colombia, Sandra Martínez, puede no ser conveniente sancionar la financiación privada: “la financiación de las campañas es la puerta por la que se cuela la corrupción. Nos preocupa porque entre más se sancione la financiación privada legal hay más riesgos de que entre la ilegal".

Nuevos mecanismos de seguimiento y control

“Quien tiene la competencia de hacer la investigación sobre financiación ilegal, es una entidad que no tiene presencia regional, así que vigilar las elecciones desde Bogotá se queda corto para registrar en tiempo real lo que ocurre”, aseguró Mancera al referirse al CNE. Desde la Moe, lo que se espera del nuevo Consejo Electoral Colombiano, es que haga control a la financiación de campañas y a la publicidad ilegal que han sido comunes en las elecciones.

Para evitar fraudes y corrupción en la financiación de campañas, Transparencia por Colombia tiene una fórmula: "Mayor transparencia, menos riesgos de corrupción", afirmó Sandra Martínez. Según explicó, los mecanismos de rendición de cuentas y el seguimiento mediático no son suficientes para garantizar que una campaña fue transparente: "tienen que entrar empresas de minería de datos y otras fuentes de información de manera más efectiva y oportuna", propuso la vocera de Transparencia por Colombia.

Al respecto, una perspectiva interesante la ofrece la auditoría forense para conseguir un mayor cruce de información.

“Los dineros deben ingresar a las campañas solo cuando se compruebe su origen, por lo que la verificación de los aportantes debe ser simultánea a la campaña”, propone el gerente de Global Forensic Auditing (GFA) en Colombia, Carlos Cortés, desde la experticia de la auditoría forense.

“Lo que proponemos es una prevención del fraude: verificar quien está detrás de los aportes, las fuentes económicas dónde los obtuvo y cómo se gastan en la campaña”.

A través de investigación criminalística, combinada con conocimientos contables y la auditoria forense, se contribuiría en el rastreo exhaustivo de los orígenes de la financiación de cada campaña electoral. De acuerdo con Cortés, se puede determinar: primero, la coherencia de los bienes y fuentes económicas de la persona aportante, sea natural o jurídica, para verificar que no provenga de temas ilícitos. Segundo, la financiación a través del sector financiero por medio del uso de cheques expedidos por entidades bancarias. Tercero, los antecedentes y situación jurídica de los aportantes.

Pendientes para prevenir la corrupción

Para lograr un Consejo Electoral con independencia e imparcialidad es importante darle capacidad territorial y técnica a la autoridad electoral, apuntó la MOE. Según el proyecto tras ser aprobado por la Cámara de Representantes, desde la academia se propondrá una terna de personas expertas, sin embargo, para el vocero de la MOE, esto sería insuficiente pues es necesario que el órgano político deje de intervenir en la elección del Consejo.

“Se debe pensar en que las universidades o la rama judicial sean quienes elijan a los miembros del Consejo”, aseguró Camilo Mancera.

Una de las propuestas desde Transparencia por Colombia es que se vuelva obligatoria la presentación de la declaración de renta. La revisión permitiría garantizar que el o la candidata esté al día tributariamente, esto principalmente para quienes financian la campaña con recursos propios.

Tanto en la primera como en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en 2014, el gasto de publicidad electoral superó el 60 por ciento del total de gastos, lo que es una alerta para posibles excesos en los gastos. De acuerdo a la vocera de Transparencia por Colombia: "hay muchos gobiernos que se encargan de pautar la publicidad, debido a que los medios terminan favoreciendo a unos u otros candidatos. Una buena opción para garantizar el acceso y la transparencia es entrar a controlar más el pago de la publicidad haciendo contratación directa", explicó Sandra Martínez.

 

Gisselle Martín 
Especial para Huella Forense

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